Luego de indagar sobre la implementación de la política de la Vivienda, la producción local de materiales de la construcción, las modalidades constructivas de subsidio y esfuerzo propio, las posibilidades de un mercado inmobiliario mejor articulado y las experiencias de dos empresas en la edificación y reparación de las viviendas de sus trabajadores, llegamos a la recta final de esta serie de reportajes.
Con los criterios de la ciencia, retomamos algunas de las ideas surgidas durante la investigación e incorporamos otras que contribuirían a hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable.
Tarea universal
La Nueva Agenda Urbana, derivada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), en 2016, guarda estrecha relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular, el 11: «Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles».
La NAU propone un cambio en la manera de planificar, diseñar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar las ciudades y los asentamientos humanos, con la aspiración de poner fin a la pobreza y al hambre, reducir las desigualdades, promover un crecimiento económico sostenido, estimular la participación ciudadana, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, atender a los grupos en situación de vulnerabilidad, mejorar la salud y el bienestar humanos, fomentar la resiliencia y proteger el medio ambiente.
El Dr. C. Andrés Olivera Ranero, arquitecto y profesor titular de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), entiende vivienda y ciudad como una unidad indisoluble, y a la incidencia de problemas de naturaleza tangible o material, suma elementos de política, administración, sociedad, cultura, salud, medio ambiente, entre otros, que conforman la gestión urbana.
«Las proyecciones deben apuntar al logro de una ciudad sostenible, amigable y humana; que alcance un funcionamiento racional y una gestión eficiente y participativa. En esa meta, la ciencia y la innovación deben resolver factores claves: el aprovechamiento racional del suelo como principal recurso de desarrollo urbano, la movilidad ciudadana en su adecuada articulación con la transportación vehicular, el espacio público y su papel en la configuración de la ciudad y en la vida comunitaria, así como la inserción de nuevas funciones y atractivos económicos, comerciales y turísticos sin detrimento de los valores, la imagen y la coherencia de las ciudades», señaló.
La agenda cubana
«Alineación de la Vivienda en Cuba y la Nueva Agenda Urbana», lleva por título un estudio realizado en 2018, que evalúa las particularidades del contexto nacional para la implementación de la NAU y propone metas y acciones para el período 2018-2030, con la vivienda en el centro de la política urbana.
Fortalecer el marco institucional que gestiona todo lo relacionado con la vivienda, el urbanismo, el ordenamiento territorial y las inversiones en infraestructura básica; capacitar a los cuadros técnicos y directivos para conducir políticas y programas integrales, hacer más eficiente la gestión institucional y agilizar las respuestas a los ciudadanos, y optimizar el uso del suelo en las ciudades y áreas urbanas, constituyen las propuestas más urgentes.
A mediano plazo, los expertos recomiendan descentralizar la toma de decisiones y empoderar a las autoridades locales para elaborar planes y gestionar recursos en sus demarcaciones, establecer programas de financiamiento, crédito directo y préstamos a los ciudadanos, cooperativas y empresas constructoras; promover el desarrollo tecnológico para la producción local de materiales de la construcción, el uso de tecnologías limpias y materias primas disponibles en los territorios, y fomentar la corresponsabilidad —del Estado, los ciudadanos, los propietarios de inmuebles y las empresas— en el mantenimiento y rehabilitación del fondo de vivienda existente.
Si bien en la actualidad se aboga por el concepto de «ciudad de 15 minutos», con una descentralización de los servicios y mayor acceso peatonal para satisfacer necesidades básicas cotidianas, el profesor Olivera Ranero advierte decisiones que reafirman la centralización y polarización de zonas de atracción de la movilidad, una disparidad entre el crecimiento de zonas residenciales y la necesaria infraestructura y elementos de urbanización, problemas asociados a la movilidad peatonal en su articulación con el espacio público y la carencia de condiciones para el uso sostenible de los ciclos o bicicletas, cuya demanda crece en todo el mundo.
«Para la localización de nuevas zonas de viviendas, predomina la selección de lugares en la periferia de las ciudades y asentamientos, incluso, con reservas de suelo para construir y posibilidades de densificar racionalmente otras partes de la ciudad. La expansión a veces descontrolada de los núcleos urbanos encarece exponencialmente el abasto de agua, la solución de residuales, la energía, la transportación y los servicios comunales», amplió.
Sobre la salvaguarda de las cualidades intangibles más valiosas, como el ambiente urbano, la coherencia del espacio construido y la identidad lograda a través del tiempo, también llama la atención el académico. Considera que los atractivos comerciales e institucionales deben armonizar con la cultura, el clima y las tradiciones del lugar.
El impulso de la innovación
«Las prioridades en materia urbana se dirigen a dos grandes problemas: la construcción de viviendas sociales, en un modelo de acceso para grandes sectores de la población, ante el déficit cuantitativo y cualitativo, y el mantenimiento, conservación y mejoramiento del fondo habitacional existente», puntualizó el arquitecto Andrés Olivera.
En cuanto a técnicas, materiales y tecnología de construcción, aprecia en otros países en desarrollo una diversidad de soluciones económicas y de bajo consumo de materiales industrializados, mientras Cuba solo ha logrado generalizar un reducido espectro de posibilidades. No obstante, reconoce el potencial de las universidades y centros de investigación para el estudio y elaboración de propuestas que podrían aplicarse.
Para ilustrar la necesidad de actualizar el diseño y el apoyo normativo de la vivienda social, el profesor de la Facultad de Construcciones de la UCLV señala las restricciones de espacios y funciones que salieron a relucir en muchas casas durante el confinamiento impuesto por la pandemia de la COVID-19, los catálogos seriados de diseños de viviendas que no se adecuan a las necesidades de sus ocupantes o las condiciones del contexto, las tipologías de inmuebles incompatibles con la ciudad compacta y que perjudican la imagen urbana.
«Una parte de los beneficiarios del programa de subsidios construyeron su célula básica habitacional en la versión mínima y no lograron aplicar criterios de progresividad para el completamiento y la ampliación, lo cual repercute en su calidad de vida», ejemplificó.
Respecto a la conservación del fondo habitacional existente, el Dr. C. Andrés Olivera Ranero aboga por un programa integral con oferta de materiales, productos industriales y componentes diversos para los propietarios y ocupantes de viviendas que asumen el mantenimiento por esfuerzo propio. En cambio, en los edificios de apartamentos, estima conveniente que las juntas de vecinos tengan acceso a servicios especializados, para acometer trabajos de conservación y reparación de mayor complejidad.
Según del Dr. C. Gilberto Quevedo Sotolongo, ingeniero civil y presidente de la Sociedad Interfaz de Ciencia y Tecnología (Sicte S. A.) de la UCLV, en más de 60 años no se ha avanzado al ritmo deseado en la solución del problema de la vivienda en Cuba. Señala un crecimiento desde 1959 hasta la primera década del presente siglo, y un descenso en lo adelante.
En cuanto a los materiales de construcción, ofrece detalles sobre investigaciones con resultados probados, como la formulación de cemento LC2 y LC3, que disminuye significativamente el consumo de combustible y la emisión de dióxido de carbono, pero solo se ha introducido en producciones locales o en pequeñas fábricas, no en la industria cementera.
Asimismo, hace referencia a la capacidad instalada en talleres locales y el reto de que continúen produciendo de manera sostenible.
Según del Dr. C. Gilberto Quevedo Sotolongo, ingeniero civil y presidente de la Sociedad Interfaz de Ciencia y Tecnología (Sicte S. A.) de la UCLV, en más de 60 años no se ha avanzado al ritmo deseado en la solución del problema de la vivienda en Cuba. Señala un crecimiento desde 1959 hasta la primera década del presente siglo, y un descenso en lo adelante.
En cuanto a los materiales de construcción, ofrece detalles sobre investigaciones con resultados probados, como la formulación de cemento LC2 y LC3, que disminuye significativamente el consumo de combustible y la emisión de dióxido de carbono, pero solo se ha introducido en producciones locales o en pequeñas fábricas, no en la industria cementera.
Asimismo, hace referencia a la capacidad instalada en talleres locales y el reto de que continúen produciendo de manera sostenible.
Sobre la tecnología de construcción, advierte un retroceso y asegura que «si se quiere dar un salto en el ritmo de construcción de viviendas, hay que recuperar paulatinamente la capacidad de prefabricación. No se puede seguir construyendo tantos inmuebles unifamiliares, pues, aunque en nuestro país no se le da valor al terreno, sí lo tiene».
Una situación opuesta describe en la mano de obra, enriquecida por formas productivas vinculadas a la actividad constructiva, como trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias o micro, pequeñas y medianas empresas. Igualmente, plantea la posibilidad de rescatar y actualizar la concepción de microbrigadas.
En la sostenibilidad económica encuentra Quevedo Sotolongo las mayores demandas de innovación, porque la responsabilidad estatal ante la problemática no implica que deba ser financiada totalmente por el presupuesto.
Teniendo en cuenta que la disparidad entre los costos de la edificación de una casa y el poder adquisitivo de la población incrementa considerablemente la lista de personas a subsidiar, el presidente de Sicte S. A. propone la posibilidad de acceder a créditos bancarios con tasas de interés muy bajas y pagaderos a 20 años o más, para beneficiar con subsidios al sector de la población que no tenga capacidad de amortizar dichos créditos.
Entre otras variantes, expone la creación de inmobiliarias para el alquiler, mercado que hoy existe y lo cubre parcialmente la vivienda privada; la constitución de cooperativas cuyos socios van aportando capital al colectivo para financiar sus hogares.
«Otra vía consiste en la construcción de viviendas para los distintos estratos económicos de nuestra sociedad. Que las ganancias de las ventas de las de mayor estándar sean utilizadas para subsidiar parcialmente las de los sectores de menor poder adquisitivo.
«De igual manera, se podría cobrar distintos tipos de impuestos sobre la vivienda, las edificaciones y el uso del suelo. Por ejemplo, establecer gravámenes por inmuebles con áreas habitables muy por encima de lo normado, edificaciones estatales con locales en desuso, aptos para convertir en hogares, aprovechamiento incorrecto del terreno y no uso del suelo en la trama urbana. Los fondos obtenidos por el cobro de estos tributos serían utilizados para el subsidio parcial en la construcción de viviendas», amplió.
Aportes locales
El protagonismo de actores y escenarios locales en la gestión urbana deviene criterio común entre investigaciones y políticas nacionales e internacionales. Más que aspiraciones, Villa Clara acumula experiencias, con el proyecto de cooperación «Implementación de estrategias para la gestión local del hábitat a escala municipal (Hábitat 2)», ejecutado durante casi diez años en 19 municipios de la región central del país.
«Nos ha demostrado que los gobiernos locales pueden encontrar en nosotros un apoyo para la toma de decisiones en este complejo problema, y en las proyecciones de sus estrategias de desarrollo municipal para la vivienda y el hábitat.
«Sugerimos que se trabaje en un modelo de gestión basado en diagnósticos integrados a escala municipal, que identifique los potenciales de innovación local y asegure soluciones en uno de los problemas de mayor impacto político, social y económico del país», expuso Andrés Olivera Ranero, coordinador del proyecto.
El Dr. Cs. Fernando Martirena Hernández, líder del Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales (Cidem) de la UCLV, también identifica potencialidades locales que no han sido debidamente aprovechadas.
«Hoy los municipios disponen de fondos para mejorar significativamente el estado del hábitat, pero muchos no saben cómo usarlos y han dejado de ejecutar millones de pesos, por no dominar la metodología.
«Creo que los investigadores de Hábitat 2 deben crear un grupo —con posibilidades de convertirse luego en una mipyme estatal— para brindar asesoría sobre el diagnóstico, la estrategia y las acciones que se derivan de esta, y evitar así la inejecución de fondos.
«En la cercanía de los municipios y la universidad también veo una potencialidad grande. Si se trabaja de forma sistemática, con un enfoque científico, puede generarse un cambio importante», concluyó.